Litigación Constitucional y Derecho Administrativo Aplicado

El Derecho Público chileno exige una comprensión profunda tanto de las normas sustantivas como de los criterios jurisprudenciales emanados de la Contraloría General de la República (CGR), el Tribunal Constitucional y los tribunales superiores de justicia. La vulneración de garantías constitucionales o la aplicación arbitraria de sanciones administrativas requiere de una respuesta procesal célere y técnicamente irreprochable.

En RP Abogados aportamos una trayectoria de 15 años en el corazón del Estado, habiendo ejercido funciones directivas y asesorías en ministerios y servicios públicos clave, lo que nos permite anticipar las defensas del aparato fiscal y estructurar acciones de máxima eficacia.

Servicios & Materias de Actuación

  • Recursos de Protección Constitucional: Redacción, interposición y alegatos de acciones constitucionales ante las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema contra actos ilegales o arbitrarios de autoridades públicas o privados.
  • Actuaciones ante Contraloría General de la República (CGR): Solicitudes de dictamen, denuncias por infracción a la probidad administrativa, reconsideraciones y descargos en auditorías e investigaciones especiales.
  • Defensa en Sumarios Administrativos: Representación jurídica y patrocinio de funcionarios, directivos y jefaturas en investigaciones sumarias y procesos disciplinarios en ministerios, servicios y municipalidades.
  • Reclamaciones de Ilegalidad Municipal: Acciones contenciosas ante alcaldes y Cortes de Apelaciones por actos u omisiones ilegales de órganos municipales (artículo 151 de la Ley N° 18.695).
  • Compras Públicas y Licitaciones: Litigación contenciosa ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP) por infracciones en bases y adjudicaciones de licitaciones públicas.
  • Requerimientos de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad: Tramitación de acciones ante el Tribunal Constitucional (TC) respecto de preceptos legales decisivos en juicios pendientes.

Autoridad Técnica

Nuestra práctica combina la docencia universitaria en Derecho Constitucional con la experiencia práctica en tramitación legislativa y litigación ante las cortes, ofreciendo un respaldo letrado de primer nivel.